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Una denuncia por presunta violencia sexual ocurrida en 2024 dentro de una fraternidad de la Universidad de Cornell, en Nueva York, ha vuelto a ocupar los titulares casi dos años después de los hechos. La controversia comenzó cuando una estudiante presentó una demanda civil en septiembre de 2024 en la que acusa a siete integrantes, actuales o antiguos, de la fraternidad Chi Phi de haberla drogado y agredido sexualmente durante varias horas.
El caso adquirió una nueva dimensión cuando el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció que reabriría la investigación criminal y prepararía el expediente para presentarlo ante un gran jurado. Al mismo tiempo, Cornell ha defendido la investigación disciplinaria que realizó en 2024 y 2025, mientras que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió una revisión independiente de la respuesta de la universidad.
La situación es compleja porque existen diferencias importantes entre la demanda civil presentada en 2026 y la declaración que la joven proporcionó a la policía universitaria en noviembre de 2024. Esas diferencias fueron determinantes para que el fiscal no presentara cargos en aquel momento y son ahora uno de los principales puntos de la nueva investigación.
La noche del 19 de octubre de 2024
Según la demanda civil presentada por la estudiante, identificada como Jane Doe para proteger su identidad, los acontecimientos ocurrieron el 19 de octubre de 2024 en la casa de la fraternidad Chi Phi, ubicada en Ithaca. La entonces estudiante tenía 20 años.
La demanda sostiene que la joven había estado consumiendo alcohol y posteriormente fue expuesta al consumo de ketamina y otras sustancias. Según su versión presentada en el proceso civil, terminó en un estado de intoxicación e incapacidad que le impedía consentir los actos sexuales que, de acuerdo con la demanda, fueron cometidos posteriormente por siete hombres.
La denuncia civil acusa a los integrantes de la fraternidad de haberla agredido sexualmente durante horas y también responsabiliza a Cornell y a las organizaciones vinculadas con Chi Phi por presuntas fallas en la prevención y en la respuesta posterior. Los abogados de varios de los hombres señalados han negado las acusaciones contenidas en la demanda.
El expediente judicial también incluye una imagen que, según la demanda, corresponde a un chat de Snapchat de integrantes de Chi Phi. La conversación se ha convertido en uno de los elementos centrales de la controversia porque, según la universidad, la policía de Cornell proporcionó esa evidencia a los fiscales en noviembre de 2024. El fiscal, sin embargo, dijo posteriormente que no tenía claro cómo había llegado la imagen a su oficina y que no había sido determinante para el análisis jurídico realizado entonces.
La denuncia ante la policía
La joven acudió a la policía de Cornell semanas después de los hechos. El 15 de noviembre de 2024 proporcionó una declaración jurada de seis páginas en la que relató lo sucedido esa noche.
Ese documento se convirtió en una pieza fundamental para la decisión inicial de no presentar cargos. En su declaración describió diferentes encuentros sexuales y también relató momentos en los que rechazó determinadas propuestas. Por ejemplo, según el documento divulgado por el fiscal, rechazó que se incorporara un cuarto hombre a uno de los encuentros y recordó haber apartado a algunos hombres en determinados momentos.
Sin embargo, la misma declaración también describe un progresivo aumento de su intoxicación. En una parte del relato, la joven calculó que su nivel de intoxicación había alcanzado aproximadamente ocho sobre diez y afirmó que se sentía demasiado intoxicada para tomar decisiones. En ese contexto utilizó la expresión “coerción” para describir cómo se sintió durante uno de los encuentros sexuales.
El fiscal Van Houten sostuvo que, al analizar únicamente los hechos contenidos en esa declaración y aplicarlos a la legislación penal vigente en Nueva York, no encontró elementos suficientes para presentar cargos. Su oficina señaló que la declaración no afirmaba que la joven hubiera sido drogada contra su voluntad ni que hubiera perdido completamente la capacidad de comunicarse o de controlar sus actos.
¿Por qué no hubo cargos en 2024?
La explicación del fiscal se basa en la definición legal de consentimiento y de incapacidad vigente en Nueva York en ese momento. En su comunicado del 28 de septiembre de 2026, Van Houten explicó que, para determinados delitos sexuales, la fiscalía debía demostrar la ausencia de consentimiento mediante elementos como fuerza física, incapacidad mental provocada por la administración de una droga sin consentimiento o incapacidad física para comunicar la falta de voluntad.
Según el fiscal, la declaración de 2024 no contenía una acusación de que alguien hubiera administrado una droga a la joven sin su consentimiento ni describía una pérdida de conciencia. También sostuvo que, de acuerdo con la declaración que recibió, cuando ella pidió detener determinadas actividades sexuales, estas se detuvieron.
Por esa razón, Van Houten afirmó que la decisión de noviembre de 2024 de no presentar cargos fue jurídicamente correcta con la información que entonces tenía su oficina. Al mismo tiempo, reconoció que el comportamiento descrito en el documento resultaba profundamente preocupante y explicó que su decisión inicial se basó en los requisitos de la legislación penal, no en una valoración de la credibilidad de la joven.
La demanda civil cambia el rumbo del caso
La situación cambió casi dos años después. En septiembre de 2026, Jane Doe presentó una demanda civil en la que ofreció una versión considerablemente más grave de lo ocurrido. En ella sostiene que fue drogada, que se encontraba incapacitada y que fue víctima de una agresión sexual colectiva.
La demanda también cuestiona la respuesta de Cornell y plantea que la universidad no protegió adecuadamente a la estudiante ni sancionó de manera suficiente a los involucrados. La presentación del documento provocó una reacción pública considerable y llevó a revisar nuevamente lo ocurrido en 2024.
Van Houten anunció el 28 de septiembre que su oficina reabriría la investigación. El fiscal designó a una fiscal con experiencia en delitos sexuales para preparar el caso y explicó que un gran jurado podrá escuchar el testimonio de Jane Doe y examinar nueva evidencia relacionada con las acusaciones de la demanda. Una eventual acusación penal dependerá de la decisión del gran jurado. Hasta ahora, ninguno de los siete hombres señalados ha sido acusado penalmente en relación con este caso.
¿Qué hizo Cornell después de la denuncia?
La universidad sostiene que tomó medidas desde que recibió los primeros reportes. Cornell suspendió temporalmente al capítulo Xi de Chi Phi en noviembre de 2024 y posteriormente mantuvo a la fraternidad fuera del campus.
La institución también inició un procedimiento interno bajo sus políticas de conducta y de derechos civiles, conocido en Estados Unidos como el proceso relacionado con Title IX. Según Cornell, la investigación se prolongó durante varios meses e incluyó audiencias ante un panel de profesores y personal capacitado. La universidad afirma que las sanciones incluyeron expulsiones y suspensiones.
La universidad ha rechazado la versión de que los estudiantes involucrados recibieran únicamente como castigo la posibilidad de escribir ensayos. En una declaración oficial, Cornell señaló que ninguno de los estudiantes involucrados recibió la oportunidad de escribir ensayos como única consecuencia de su participación. La institución también ha explicado que las leyes federales de privacidad limitan la información que puede divulgar sobre los expedientes disciplinarios individuales.
El nuevo comunicado de Cornell
El 29 de septiembre, y con una actualización posterior el 30 de septiembre, Cornell publicó una sección de preguntas y respuestas dedicada específicamente a las acusaciones relacionadas con Chi Phi. En ella, la universidad reconoció la gravedad de los hechos y explicó nuevamente que había realizado una investigación y un proceso disciplinario internos.
En un mensaje dirigido a la comunidad universitaria, el presidente Michael Kotlikoff, la presidenta del consejo de administración Anne Meinig Smalling y la rectora Kavita Bala señalaron que los acontecimientos ocurridos en el campus en 2024 fueron inaceptables entonces y continúan siéndolo. También reconocieron que el caso ha generado preguntas legítimas sobre la manera en que Cornell responde a las denuncias de violencia sexual.
Un debate que trasciende el caso
El caso también ha provocado una discusión más amplia sobre la manera en que las universidades estadounidenses, y en todo el mundo, responden a las denuncias de violencia sexual. Una de las principales dificultades es que los procedimientos universitarios y las investigaciones criminales tienen objetivos, estándares y consecuencias diferentes.
Una universidad puede investigar una posible violación de sus reglamentos y aplicar sanciones disciplinarias sin que exista necesariamente una acusación penal. Del mismo modo, que una fiscalía no presente cargos no significa que una universidad no pueda determinar que existió una violación de sus políticas internas. En el caso de Cornell, ambos procesos se desarrollaron de manera paralela.
